Durante años, el Perú ha vivido bajo el yugo de una dictadura judicial disfrazada de lucha contra la corrupción. La existencia de las llamadas «Fiscalías Especiales» —en particular el Equipo Especial Lava Jato y el Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder)— no representó un avance en la justicia, sino la creación de un «Estado dentro del Estado». Su inminente reestructuración o desaparición no es, como gritan las ONGs y la prensa caviar, un retroceso; es el necesario retorno al Orden Institucional.
La izquierda, fiel a lo que Gustavo Bueno describió en El fundamentalismo democrático, ha utilizado estas instancias no para aplicar la ley, sino para purgar a sus enemigos políticos bajo una falsa bandera de superioridad moral. Han pervertido el concepto de justicia para convertirlo en un espectáculo mediático de prisiones preventivas, filtraciones selectivas y acuerdos entreguistas.
Lava Jato: La Traición a la Soberanía Nacional
El Equipo Especial Lava Jato, liderado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, pasará a la historia no por sus condenas (que son escasas o inexistentes en los casos grandes), sino por haber firmado el acuerdo más vergonzoso en la historia jurídica del Perú.
Desde una perspectiva conservadora y patriótica, el acuerdo con Odebrecht fue un acto de traición. Se permitió a una empresa extranjera criminal seguir operando, vender sus activos y llevarse el dinero, a cambio de testimonios a cuentagotas que servían para atacar a líderes de la oposición (principalmente al fujimorismo y al aprismo), mientras se blindaba a los aliados ideológicos de la izquierda (como la exalcaldesa Villarán, tratada con guante de seda, o el expresidente Vizcarra).
Esto encaja perfectamente con la crítica de Roger Scruton a la falta de Oikophilia (amor por lo propio). Estos fiscales prefirieron servir a los intereses de una corporación brasileña y de la narrativa progresista transnacional antes que defender el patrimonio y la dignidad del Perú. La «lucha contra la corrupción» fue la excusa para destruir el sistema de partidos políticos y dejar el campo libre a los aventureros.
Eficcop y la Policía Política: El Modelo de la Tiranía
Por otro lado, el Eficcop, con figuras como Marita Barreto y su brazo policial (la Diviac de Harvey Colchado), degeneró en una policía política.
Julius Evola, en El Fascismo visto desde la Derecha, advierte que el Estado debe tener Autoridad, pero esta debe ser legítima y jerárquica. Lo que vimos con el Eficcop fue la subversión de la jerarquía: fiscales y policías de mandos medios desafiando a la Constitución, allanando Palacio de Gobierno con shows televisados y utilizando la detención preliminar como método de tortura para obtener «colaboradores eficaces» a la fuerza.
Este uso del aparato de justicia para «quebrar» voluntades es propio de los regímenes totalitarios, no de un Estado de Derecho. La politización de la justicia llegó a tal punto que la agenda de los fiscales parecía dictada por ciertas ONGs y portales de investigación de izquierda (como IDL), en lugar de por el Código Procesal Penal.
El Retorno a la Justicia Natural
El desmantelamiento de estos equipos especiales es la aplicación del principio de Igualdad ante la Ley. No deben existir «jueces especiales» ni «fiscales celebridad» con superpoderes. La justicia debe ser silenciosa, rigurosa y ordinaria.
José Antonio Primo de Rivera entendía la justicia como un deber austero. Un fiscal que da más entrevistas que alegatos, o que se convierte en el héroe de la prensa progresista, ha dejado de ser un servidor de la Justicia para convertirse en un actor político.
El fin de la «Era de los Fiscales Supremos de facto» permite:
- Recuperar la presunción de inocencia: Destruida por el abuso de la prisión preventiva.
- Acabar con la impunidad selectiva: Que se investigue a todos, no solo a los enemigos de la izquierda.
- Restaurar la jerarquía: La Fiscalía de la Nación debe tener el control, no grupos autónomos que responden a intereses oscuros.
Conclusión
La izquierda gritará que «la mafia ha ganado». Es su retórica habitual del Mito de la Izquierda (la eterna lucha del bien progresista contra el mal reaccionario). Pero la realidad es que lo que ha ganado es la institucionalidad.
Sin embargo, la Derecha no debe ser ingenua. El fin de estos equipos no garantiza automáticamente la justicia. Debemos exigir que los fiscales que asuman las carpetas lo hagan con rigor técnico y celeridad, logrando las sentencias que Vela y Pérez nunca consiguieron porque estaban más ocupados haciendo política.
Se cierra el capítulo de la judicialización de la política. Ahora toca reconstruir el sistema sobre la base de la Ley, el Orden y la Verdad, lejos de los focos de las cámaras y de la agenda de las ONGs internacionales.
